El reconocido cantante de corridos, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de conspirar para violar la Ley Kingpin, una legislación estadounidense que sanciona a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos.
Ortiz, de 35 años, admitió haber participado en al menos seis conciertos en México organizados por Jesús Pérez Alvear, un promotor sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pérez Alvear, organizador de conciertos en palenques y ferias, y hace nos años vinculado sentimentalmente con Ninel Conde, fue ultimado a sangre fría de 13 balazos por dos sujetos vinculados al crimen organizado, en un restaurante en la Ciudad de México.
Según el Departamento del Tesoro, Pérez Alvear blanqueaba las ganancias de la droga de los cárteles mezclándolas con los ingresos legítimos generados por la venta de entradas, refrescos, estacionamiento y otros artículos durante conciertos de artistas como Gerardo Ortiz.
La declaración de culpabilidad de Ortiz se mantuvo en secreto hasta este martes, cuando el fiscal federal Alex Schwab reveló su cooperación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante el juicio contra Ángel del Villar, ex representante del cantante y director ejecutivo de la disquera Del Records, acusado de violar la misma ley.
Según la Fiscalía, Ortiz fue advertido por agentes del FBI en 2018 sobre la prohibición de actuar en eventos organizados por Pérez Alvear debido a sus vínculos con el CJNG.
A pesar de las advertencias, Ortiz continuó presentándose en conciertos promovidos por Pérez Alvear, según él, convencido de hacerlo por su entonces representante Del Villar.
Se espera que el cantante testifique en el juicio contra Del Villar en los próximos días, proporcionando detalles sobre su participación en los conciertos y la influencia de su ex representante en la decisión de continuar actuando en eventos organizados por individuos sancionados.
La Ley Kingpin prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con personas o entidades designadas como narcotraficantes significativos por el gobierno de Estados Unidos. La violación de esta ley puede resultar en sanciones severas, incluyendo multas y penas de prisión.
Hasta el momento, ni Gerardo Ortiz ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas sobre su declaración de culpabilidad o su cooperación con las autoridades federales.
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